Los últimos informes sobre precariedad laboral en el Estado Español elaborados por los sindicatos de clase apuntan a una triste realidad, y es la directa relación entre rendija salarial y sectores productivos más feminizados y con salarios más bajos. Además, dentro de este sector de la economía feminizada, el grupo de trabajadoras sin calificaciones oficiales está más afectado por la rendija salarial, donde esta aumenta de la media del 24% al 30% aproximadamente. En nuestro territorio, como el resto del estado son diversos los sectores productivos fuertemente feminizados y con situaciones de precariedad alarmantes. Aún así, destacan dos colectivos que en estos últimos tiempos se han puesto en pie de guerra contra esta situación de extrema desigualdad: las camareras de habitaciones (o *Kellys) y las *aparadores de la *industria del *calcer. Dos colectivos que, de forma *autoorganitzada, independiente y *novedosa han conseguido poner sus reivindicaciones a la agenda política de la lucha contra la precariedad laboral.
Por un lado nos encontramos el sector turístico. Uno de los que, en nuestra economía, más ocupación y *crecimiento económico crea, pero también más desigualdades, explotación laboral y economía sumergida presentan.
Así pues, de entre todos los trabajos con altas tasas de precariedad enmarcados dentro del que podríamos considerar “sector turístico” destaca el trabajo de las anteriormente mencionadas camareras de pisos (comúnmente llamadas “*Kellys”). Un sector fuertemente feminizado y que habitualmente supone el 25% de la plantilla de un establecimiento hotelero. Sólo en la ciudad de Benidorm se calcula que borde 3.000 mujeres trabajan en este sector. Según un informe de CCOO realizado al 2016, el 100% de las “*kellys” sufren dolores lumbares o musculares fruto de los movimientos repetitivos y rápidos que hacen durante su jornada laboral. Según este mismo informe borde un 96% de ellas sufre síntomas de ansiedad al afrontar jornadas laborales inhumanas en las que tienen que realizar la limpieza completa de un elevado número de habitaciones. Además, el 71% de las camareras de pisos reconoce que necesita *medicar-se diariamente para poder afrontar las duras jornadas laborales. Aún así, una gran cantidad de establecimientos hoteleros a nuestro territorio intentan hacer *estratagemes para abaratar los costes de contratación de su personal de pisos. Así, frente a la cierta estabilidad de las mujeres que trabajan como fijas o fijas *discontinues nos encontramos otras con variantes contractuales que van desde los contratos por obra o servicio a contratos de año en año. Incluso la Inspección de Trabajo ha encontrado numerosos casos de mujeres que, trabajando para el hotel eran despedidas para volver a ingresar a través de una subcontrata, perdiendo así los derechos salariales garantizados por el convenio colectivo de la hostelería.
De este modo, acogidas al convenio de la hostelería, el cual fija su salario en aproximadamente los 1.300€ sucios mensuales, nos encontramos con otros tipos de contratos que degradan de lejos esta cifra ya de por si bastante ajustada. Por otro lado, y cómo se introduce al encabezamiento, no sólo las *Kellys han cogido las riendas de las sedes propias reivindicaciones. A ellas se han sumado las *aparadores del *calcer. Trabajadoras de uno de los sectores económicos más importantes dentro del tejido productivo valenciano representando un 5,7% de nuestra *industria. Sólo en la ciudad de Elche, según estimaciones de la propia Generalitat, borde un 40% de la producción de *calcer se realiza de manera irregular. Por otro lado según la Universitat d’Alacant, el 88% del *aparat del *calcer se realiza en la economía sumergida. Detrás de los datos se encuentran mujeres trabajadoras en jornadas *maratonianes de borde 10 horas diarias, con productos tóxicos y sin contrato por unos 600€ al mes. Además la Universitat d’Alacant añade datos *esgarrifadores sobre su salud: el 67% de las mujeres *aparadores sufren dolores de huesos, columna y articulaciones y el 20% sufre trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.
Hay que apostar, desde las instituciones valencianas, por la *empoderament de los trabajadores y trabajadoras frente la explotación y la precariedad laboral, poniendo a su alcance herramientas para encontrar fórmulas que respetan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La competitividad de la economía del territorio valenciano tiene que ir de la mano de los derechos y la dignidad laboral de sus protagonistas: las personas trabajadoras.
Tenemos que apostar para convertir los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras en un valor añadido a la marca turística de nuestro territorio, por eso presentamos la siguiente
- Que toda ayuda o subvención pública concedida por la Generalitat Valenciana para el fomento y dinamización del sector turístico valenciano y de Vacaciones Sociales esté subordinado a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales así como a la inclusión de criterios sociales, de dignificación y protección laboral de un sector fuertemente precarizado como es el del personal de limpieza de pisos.
- Que toda ayuda, subvención o licitación pública concedida por la Generalitat Valenciana a establecimientos hoteleros (de forma directa o indirecta a través de agencias de viajes mayoristas o minoristas) de nuestro territorio contemple entre sus requisitos de acceso a la nombrada subvención o programa que el personal que preste el servicio de limpieza en los establecimientos turísticos estés sujeto al convenio colectivo de hostelería.
- Que toda ayuda o subvención pública concedida por la Generalitat Valenciana para el fomento y dinamización del sector del calzado valenciano esté subordinada a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales así como a la inclusión de criterios sociales, de dignificación y protección laboral de un sector fuertemente precarizado y feminizado como es el de las aparadoras del calzado.
- Que toda ayuda, subvención o licitación pública concedida por la Generalitat Valenciana al tejido industrial del calzado (de forma directa o indirecta) de nuestro territorio contemple entre sus requisitos de acceso a la nombrada subvención o programa que el personal manufacturero en la industria del calzado esté sujeto al Convenio Colectivo para la Industria del Calzado.
- Que toda empresa que opte a ayudas públicas de la Generalitat Valenciana para la dinamización del tejido industrial del calzado en nuestro territorio pueda acreditar que las etapas de producción y manufactura del calzado realizadas en el País Valenciano han estado realizadas a amparo de los derechos laborales, la seguridad laboral y dentro del convenio colectivo establecido para su sector.
- Que desde la Conselleria competente en materia de trabajo, se impulse la constitución de una mesa de mediación para llegar a un acuerdo entre patronal, sindicatos y las asociaciones de camareras de pisos (también conocidas como Las Kellys) respecto a los convenios colectivos de hostelería de Castellón (paralizado desde 2011), el de Valencia (paralizado desde 2014) y el de Alicante.
- Que desde la Conselleria competente en materia de trabajo, se impulse la constitución de una mesa de mediación para llegar a un acuerdo entre patronal, sindicatos y asociaciones de aparadoras del calzado respecto a los convenios colectivos y la regularización de la industria del calzado especialmente en las comarcas de Alicante.
- Crear un plan para el fomento y la creación de cooperativas de trabajadoras del calzado dotado presupuestariamente en los siguientes presupuestos de la Generalitat Valenciana.
- Encomendar al Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana un informe sobre la economía sumergida en la Comunidad Valenciana enfocado su actuación en los colectivos altamente feminizados.
- Encomendar al Consejo Tripartito de Relaciones Laborales dictamen sobre las condiciones laborales y especialmente de negociación colectiva del sector del calzado.
- Que realice cuantas acciones estén bajo su competencia por disponer de una mayor dotación de recursos a la ITSS y programe un mayor grado de colaboración entre Policia Autonómica, INVASSAT e ITSS la programación de acciones y consecución de objetivos pactados en el marco del Diálogo social.
- Que exista un mayor grado de interoperatividad entre SERVEF, SEPE e ITSS en la vigilancia de oficio de las altas en Seguridad Social y especialmente en la vigilancia y control de los contratos y altas a tiempo parcial enmarcada en los CNAE de actividad del sector manufacturero del calzado.
- Instar al Gobierno de España a reconocer los años acreditables trabajados en la economía sumergida a las trabajadoras del calzado para el cómputo de su pensión de jubilación.
- Instar al Gobierno de España a que modifique el decreto 1299/2006, por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social, para la inclusión y reconocimiento de las enfermedades profesionales comunes de camareras de pisos y trabajadoras del calzado como puedan ser los trastornos musculo-equeléticos derivados de las condiciones ergonómicas tan comunes entre estos colectivos.
- Instar al Gobierno de España a profundizar en el control fiscal a las empresas del calzado que operan en los grandes centros logísticos y de producción de nuestro territorio como Elda, Villena o Elche entre otros.
- Que desde la Conselleria competente en materia de trabajo, se impulse la constitución de una mesa de mediación para llegar a un acuerdo entre patronal, sindicatos y las asociaciones de aparadoras del calzado respecto a sus convenios colectivos y a la regularización de la industria zapatera especialmente en las comarcas de Alicante.
- Implementar un Plan Contra la Explotación Laboral en los sectores de hostelería, comercio y servicios, pestando especial atención a la situación de las camareras de pisos, poniendo especial atención en las capitales turísticas valencianas como Benidorm, Gandía o Oropesa del Mar.
- Que el INVASSAT, desde su faceta de divulgación de la prevención, realice las oportunas campañas de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales, para que las empresas del sector lleven a cabo, por si o a través de las empresas de servicios de prevención ajenos, la formación que en esta materia les viene impuesta por ley (art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).